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First Nation support warming for mine

The Prince George Citizen – The Tahltan First Nation now appear to be close to supporting the Red Chris Mine in northwestern B.C. A previous article in The Citizen stated the northwest First Nation was against the copper/gold project led by Imperial Metals, but the two sides clarified that their differences have been amicably resolved. The Tahltan eventually came around on the Imperial Metals project after the company addressed some specific concerns raised by the First Nation. The mine is very close to going ahead in no small part due to the close working relationships made with the Tahltan people, said Imperial Metals vice-president of corporate affairs Steve Robertson. “The Tahltan are very engaged in, and critical to the development of that project,” said Robertson. “Red Chris received permits to allow construction of the mine in May of 2012 and is slated for completion this summer. First Nations employment at the Red Chris project during the construction period has fluctuated, but has often been well over 20 per cent with the vast majority of those declared First Nations on the project being of Tahltan heritage.” The community-owned Tahltan Nation Development Corporation has been one of the most important contractors for Red Chris construction, Robertson added. The corporation had the lead role in the mass excavation at the plant site and also in construction of the tailings dam. The two sides also communicate regularly on environment, permitting, employment and business opportunities. “Our relationship has strengthened to the point where we see our association with the Tahltan people more as one of partnership than anything else,” he said. “The president of Tahltan Central Council [Annita McPhee] noted this past summer, at a speaking engagement at University of Toronto, that her community was enjoying 100 per cent employment. Much of that employment opportunity was related to either the construction at the Red Chris mine site or the transmission line that we are building to bring grid power to both the mine site and the local community, which at present relies on diesel-generated power.” McPhee was unavailable for comment, but a written statement made on her behalf said that “the Tahltan are not opposed to Red Chris. In fact they are working toward an agreement on that mine and we hope to have an announcement within the next couple of weeks.” Robertson said the relationship has been a pleasure for his company. “We have been working shoulder to shoulder with the Tahltan as we progress through the permitting process. They weren’t sitting there as naysayers, they had valuable input. They were opposed to one of our first designs but came up with a new idea, brought it forward, the government got on board, so we were actually the last ones to get on board but it was a vastly superior plan.” Imperial Metals is also the owner of long-existing Huckleberry Mine near Houston. Robertson said the relationships between First Nations and mining companies is evolving. “Aboriginal consultation was not something miners were particularly good at,” he said. “But it is the new way of mining in B.C. and it is fundamentally necessary. It used to be a check-box on a government form, but now it is an everyday part of your company’s life. And to be honest, it is infinitely more rewarding. The benefits of what it all means goes so much farther beyond what the benefits of a mine used to be.” – See more at: http://www.princegeorgecitizen.com/news/local/first-nation-support-warming-for-mine-1.913995#sthash.NKcTmmSN.dpuf

PCM: Morococha, Una Ciudad Que Renace Con El Diálogo

RUMBO MINERO. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad interviene en la gestión y tratamiento de 55 conflictos sociales y analiza el reasentamiento poblacional de Morococha.

De ese total, más del 69 por ciento corresponde a casos vinculados a las actividades extractivas, principalmente, a la minería con 23. Las regiones Cajamarca, Loreto y Ancash concentran la mayor parte de los mismos.

El documento precisa, además, 61 casos en etapa de prevención, de los cuales el 60 por ciento se relaciona con el sector extractivo.

También destaca el proceso y gestión de diálogo en el caso Majes-Siguas II, con los acuerdos alcanzados entre los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco, a fin de viabilizar este proyecto de irrigación.

La edición contiene, a su vez, un artículo sobre la Mesa de Diálogo de Morococha que, durante varios años, fue escenario de una complejanegociación entre la empresa minera Chinalco, las autoridades distritales, organizaciones sociales y distintas entidades públicas para lograr el traslado de la población a una nueva ciudad.

Asimismo, describe el proceso y gestión del caso de la laguna Parón, en Áncash, y el desarrollo de la mesa de diálogo encargada principalmente de favorecer la preservación de la citada reserva natural.

Estos casos, señala la PCM, son el resultado de un proceso de negociación, donde el diálogo se constituye en una herramienta fundamental para lograr que los actores participantes se conozcan, entiendan y alcancen acuerdos beneficiosos.

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) se encuentra a cargo del alto comisionado, Vladimiro Huaroc.

La Presidencia del Consejo de Ministros describe en el Informe N° 15 de Willaqniki de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, el proceso y gestión de diálogo en el caso Majes-Siguas II con los acuerdos alcanzados entre los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco para viabilizar este proyecto de irrigación.

La edición contiene, además, un artículo sobre la Mesa de Diálogo de Morococha que, durante varios años, fue el escenario de una compleja negociación entre la empresa minera Chinalco, las autoridades del distrito, organizaciones sociales y distintas entidades públicas para lograr el traslado de la población a una nueva ciudad.

También describe el proceso y gestión del caso de la laguna Parón, en el departamento de Áncash, y el desarrollo de la Mesa de Diálogo, encargada principalmente de favorecer a la preservación de la citada reserva natural.

Estos casos son el resultado de un proceso de negociación, donde el diálogo se constituye en una herramienta fundamental para lograr que los actores participantes se conozcan, entiendan y alcancen acuerdos mutuamente beneficiosos, permitiendo la construcción de consensos que previenen o solucionan los conflictos.

El informe incluye una entrevista al general PNP Rodrigo Prada Vargas, quien laboró en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad desde su fundación hasta el 2013, en el que relata su experiencia de trabajo, las lecciones aprendidas y la importancia de la gestión del diálogo y la prevención de los conflictos en el trabajo de la institución policial.

INTERVENCIÓN EN CIFRAS

El décimo quinto informe detalla el reporte de 55 conflictos sociales en el pasado mes de enero, en los cuales la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, a cargo del Alto Comisionado Vladimiro Huaroc, interviene en su gestión y tratamiento.

De ese total, más del 69 por ciento corresponde a casos vinculados a las actividades extractivas, principalmente a la minería, con 23 casos. Los departamentos de Cajamarca, Loreto y Ancash concentran la mayor parte de los mismos. El documento precisa el registro de 61 casos en etapa de prevención. De ellos, el 60 por ciento gira en torno al sector extractivo.

El informe se encuentra disponible en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fuente: Andina

Opositores a la minería en Centroamérica forman una coalición en Nicaragua

AMERICA ECONOMICA – Managua. Tres decenas de organismos no gubernamentales que se oponen a la minería en Centroamérica conformaron en Managua una coalición, con el objetivo de unir esfuerzos y lograr mejores resultados frente a este tipo de proyectos. “Es una necesidad articularnos, (…) en algunos casos como en Guatemala se ha declarado estado de sitio por protestas contra las minas, en Honduras la gente ha sufrido cárcel, amenazas y ha habido muertos, en Nicaragua este año hubo más de 40 detenidos por protestar”, dijo el subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos. Los organismos reunidos en Managua pertenecen a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con asesoría de expertos en minería de México y Ecuador. “En principio queremos unir esfuerzos y conocimientos, experiencias, para hacer un solo bloque a nivel centroamericano, para contrarrestar la presencia de las empresas a nivel regional”, explicó Felipe Ortiz, del Grupo Estratégico Contra la Minería en Rancho Grande, Nicaragua. Para el representante del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio de El Salvador, David Pereira, esta unidad se necesita con “urgencia”, ya que a las comunidades, normalmente pobres y rurales, les resulta difícil defenderse ante las grandes empresas trasnacionales. “Las empresas se aprovechan de la miseria en que vive la gente, les ofrecen que van a dejar de ser pobres, ¿quién no va a querer dejar de ser pobre en estos tiempos?, pero les esconden el impacto real de la minería”, expresó David Pereira, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio de El Salvador. Otro problema es la relación entre las mineras y los gobiernos. “Con la inversión y la responsabilidad social empresarial ellos (los empresarios mineros) han estado sustituyendo al Estado, pero no debería ser así”, cuestionó la oficial de incidencia en industrias del Centro Humboldt, Tania Sosa. Esa “habilidad de las empresas para comprometer a los funcionarios en sus proyectos” es uno de los temas más preocupantes, junto con la degradación del agua, la salud y los bosques, que trae consigo la industria minera, insistió Pereira. De los países que fueron representados, Nicaragua y Guatemala tienen el oro entre sus principales productos de exportación. En 2012, este metal fue el segundo producto de exportación más importante en Nicaragua, con US$431,8 millones, mientras que para Guatemala fue el cuarto producto más importante, con US$612,9 millones.

Colombia – Sector minero-energético contrata a 25.000 personas al año

PORTAFOLIO.COM – Solo el 17% de quienes aplican a las vacantes cumple con el perfil para trabajar en esta industria. Uno de los grandes retos para el sector minero-energético de Colombia consiste en identificar al personal idóneo para suplir sus necesidades. Y no es para menos, pues de acuerdo con datos de Elempleo.com, cada año abre 25.000 vacantes en el país. La tarea de ocupar estos puestos no es tan sencilla como podría parecer: de todas las personas que se postulan para un trabajo en esta industria, apenas el 17 por ciento está realmente calificada para ocuparlo, lo que entorpece, en muchas ocasiones, la agilidad de los procesos de selección. En este contexto, Elempleo.com lanzó recientemente un servicio especializado para empresas y candidatos de este sector. Todo comienza con el registro del aspirante en el portar de Elempleo, pero con la diferencia de que, además de la información básica, deberá complementar su formulario con información específica respecto a su experiencia y conocimiento. Posteriormente, un experto con trayectoria en esta industria contactará al postulante para verificar que la información es verídica y evaluar el nivel de experticia de esta persona en su campo de ejercicio profesional. Al final del proceso, el portal de internet puede certificar que la persona es idónea para los cargos en los que tiene experiencia, por lo que lo incluye en su base de datos de “elegibles”, lo que, a su vez, simplifica y agiliza las convocatorias de las compañías que recurran a este servicio. Según explicó Ximena Morgan, gerente de empleos de El Tiempo Casa Editorial, dice que en los primeros 20 días de prestación de este servicio se han registrado 100.000 hojas de vida. Durante el primer año del servicio, la meta es tener 6.000 candidatos identificados en una base de datos organizada con personas que cumplan los requisitos para suplir los 25 oficios más demandados en este sector de la economía. PERFILES MÁS BUSCADOS De acuerdo con los datos de Elempleo.com, los montadores de estructuras son los trabajadores más demandados en el sector minero-energético de Colombia. A estos le siguen, en su respectivo orden, los soldadores calificados en procesos, el tubero trazador, el operador de grúas, el operador de equipo especializado y el técnico en instrumentación.

Strateco seeks to force deal on disputed uranium mine

THE GLOBE AND MAIL – Quebec’s Minister of Sustainable Development, the Environment, Wildlife and Parks had denied Strateco’s permit on Nov. 7 after the local Mistissini Cree community refused to consent to uranium development near its hunting grounds and trap lines. “Many Cree work in the mining industry; we are not anti-development,” said Cree Grand Chief Matthew Coon Come. “But uranium is a special case. The tailings will remain toxic for hundreds of thousands of years. It is a burden for future generations that we are not prepared to assume.” Strateco’s CEO, Guy Herbert, said the Matoush project is crucial to the development of the company’s assets in northern Quebec. He estimated that the project could produce 30 million pounds of some of the highest-grade uranium in the world – worth roughly $1.7-billion at current market prices – and channel $800-million to Quebec over 10 years. He said the company has invested almost $125-million in the project since 2006 and obtained 22 permits from the environmental ministry. He said the authorization at issue now would be the final hurdle in its protracted fight to move the project forward. “We have the law on our side,” Mr. Herbert said. “This is public land. … We have the right in Quebec to mine uranium.” But the Cree view Strateco’s legal wrangling as a last-ditch attempt to undermine their rights under the James Bay and Northern Quebec Agreement of 1975. While the Matoush project is located on provincial territory, its disposition still requires Cree consultation under the treaty, said a lawyer for the Cree, Jessica Orkin of Sack Goldblatt Mitchell in Toronto. The treaty also created an elaborate environmental review process, the first of its kind in Canada, and the minister must consider a number of factors, including both Cree input and the rights of resource developers, in approving any mining projects under its jurisdiction. The minister’s Nov. 7 decision stated that the lack of social acceptance by the local Cree communities was “obvious and determinative” in denying Strateco’s permit. Strateco has maintained that its interests and prior investments were ignored. It will be back in court on Jan. 24, 2014 to argue its motion. Whatever happens there, Mr. Herbert said the company doesn’t intend to walk away from Matoush. “If the court decides against us, we will seek damages and lost profits for our investors.” Uranium is used as a fuel in the production of nuclear energy. Mr. Herbert expects the demand for nuclear energy will only grow. “This is the time to develop uranium mines,” he said.

A worthy fight for First Nations: Choosing to become partners in Canada’s energy vision

FINANCIAL POST – With the release Thursday of Douglas Eyford’s roadmap to address aboriginal concerns over energy projects in Alberta and British Columbia, First Nations have come to a fork in the road. They can choose the way opened wide by Canada’s Prime Minister, to whom Mr. Eyford reports, along with provincial governments, industry and scores of Canadians, and become partners in Canada’s great energy vision. Or they can continue to oppose, in the hope that preserving what they have offers greater upside, and considering that 300,000 of their youths will be entering the workforce over the next 10 years. They should also consider that Canada is more motivated than ever today to resolving First Nations grievances, and that such enthusiasm is unlikely to last. Industry, which needs to build oil pipelines and liquefied natural gas plants to open new markets for oil and gas in Asia, has changed its ways to ensure First Nations are engaged and prepared to benefit. Provincial governments are all ears. And now Ottawa, whose default position in the past was to look the other way rather than engage, resolve disputes or spell out obligations, wants to be part of the solution.

Assembly of Manitoba Chiefs leader Derek Nepinak warned today that not one mine will open without First Nations consent

Winnipeg Free Press – The Grand Chief led a protest outside a provincial mining conference this morning to oppose mines in provincial parks and on lands claimed as traditional for First Nations. “We are living in a day and age where new leadership is emerging and we are not going to sit back,” Nepinak said outside in -15 C temperatures. As he has since Idle No More protests last winter, Nepinak struck a tone at odds with the conciliatory statements the public is used to hearing from indigenous leaders. But he didn’t threaten any specific action either. Nepinak offered only general predictions and referred to actions that have already taken place in Manitoba, New Brunswick and other parts of Canada that have seen blockades rise against mining and resource extraction. Mathias Colomb Chief Arlen Dumas and local supporters of the Idle No More movement and environmentalists joined the AMC leader in a show of support outside the RBC Convention Centre Winnipeg, where mining companies, provincial officials and some First Nations leaders were holding meetings. One First Nations advisor at the conference said off the record protests like this widen the breach between corporate and indigenous interests. What’s really needed is common ground, he said. So far the province’s efforts aren’t enough to find any middle ground, Nepinak said. He reiterated the indigenous opposition to a mining advisory council Manitoba formed this summer, saying it pays lip service to the law but doesn’t serve First Nations or environmental concerns for future generations. “For many generations Manitoba First Nations people have been denied equitable participation in resource development and forced to rely on federal government minimum services. This has resulted in severe poverty in our communities and compromised our water and land. Meanwhile, a handful of people at the top of the mining industry have generated great wealth for themselves and their closest friends,” Nepinak said in a statement an hour later. “By funding MAC, the government of Manitoba is putting its resources towards the continuing empowerment of that economic reality,” Nepinak said, about the mining council. The chief from Mathias Colomb, who faces a Hudson Bay Mining and Smelting injunction over a series of blockades, obliquely suggested more action is coming. “If everybody (else) doesn’t have to follow the rule of the law,” he said in reference to mining interests at conflict with treaty law, “well, then none of us do,” he said. Eric Reder, Manitoba campaign director for the Wilderness Committee said he chose to stand with a picket to protest with the chiefs as a matter of principle to protect the environment. “It’s important to have allies. When I find research I share it with Arlen,” he said.

Piñera critica a grupos con “intereses creados” que “judicializan” proyectos mineros

Source: EMOL, Chile. SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera cuestionó duramente a los que denominó como “grupos con intereses creados” que han fomentado la “judicialización” de proyectos mineros hasta el punto de impedir su puesta en marcha. En este plano, enfatizó en la necesidad de avanzar en un proyecto de ley pro inversión minera que permita brindar un marco adecuado para el fomento de emprendimientos mineros en el país. Al mismo tiempo, destacó que dentro de dicho marco normativo se cuenta el objetivo de prevenir que se haga mal uso de recursos judiciales originalmente destinados a proteger los derechos de las comunidades contiguas a los proyectos. El Mandatario se refirió al tema durante la realización de la Cena anual de la Minería efectuad la noche de este martes, en la que participó junto al ministro del ramo, Hernán de Solminihac, autoridades y representantes de gremios empresariales, entre otros invitados. “Hemos visto el surgimiento de múltiples y poderosos grupos de presión, muchos de ellos con intereses creados, que habían logrado generar un creciente proceso de judicialización que incluso ha logrado paralizar proyectos que previamente habían sido aprobados técnica y administrativamente por los gobiernos y las agencias especializadas”, recalcó. Tanto las autoridades como dirigentes de los gremios empresariales han denunciado que la judicialización de proyectos ha incidido en paralizar o hacer inviables iniciativas mineras en Chile.

Latin America losing allure for global resource companies

Marta Lillo’s article in The Globe and Mail this week titled, “Latin America losing allure for global resource companies,” illustrates an underlying force that every government in Latin America must deal with when attracting new investment. Governments walk a fine line between appeasing investors to risk more capital in their country, and making sure that any new wealth and opportunity created is distributed fairly amongst its citizens. Historically, developing countries in Latin America have a record of funnelling new wealth to a small percentage of the country’s elite class. This has resulted in mistrust and high sensitivity to foreign investment in Latin America. In Brazil, if a country’s citizens feel they do not have an equal chance to participate in new resource wealth, the development of these resources will be difficult to sustain. Governments need to provide essential services to its citizens, while at the same time remaining a globally competitive jurisdiction to do business.

‘Balance’ required in Ring of Fire development, says B.C. First Nations leader

Approximately 500 km northeast of Thunder Bay, in Ontario’s far north, lies an area being described by Canada’s Treasury Board President Tony Clement as, “Ontario’s Oil Sands.” In August 2007, Noront Resources announced a large find, high-grade deposit of chromite, platinum, palladium, nickel, and copper. Since then, 30,000 claims, 35 prospecting companies, and various development proposals have been suggested. In response, Ontario’s Ministry of Northern Development and Mines announced last week the creation of a development corporation to bring together mining companies, First Nations, and federal and provincial governments. Leading proponents in the area Noront Resources (Eagles Nest Project) and Cliffs Natural Resources (Black Thor Project) have on-going exploration and currently have environment assessments in the early stages. Spending in the Ring of Fire has been estimated in excess of $278 million , putting added pressure on government to move swiftly through the permitting process on these projects. A critical step for governments during this process will be the consultations and engagement with First Nations during these environment assessments. Adding to the complexity is the involvement of both provincial and federal levels of government, and the land use planning strategy required by First Nation communities. This week in The Canadian Press, Erica Lenti begins what will be a lengthy discussion on building a consensus with First Nation communities in favour of development of the “Ring of Fire”.